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El ministro de Vivienda indicó que la norma impulsada por el Congreso ya ha sido discutida en Consejo de Ministros y que será promulgada. Esto, pese a resolución de la Corte IDH que dispuso que se suspenda su trámite.
En conferencia de prensa, la fiscal de la Nación también señaló que el reciente fallo de la Corte Suprema que declaró improcedente la sanción contra Patricia Benavides omitió "varios aspectos" fundamentados por el Ministerio Público.
La fiscal de la nación indicó que, ante una eventual reposición, Patricia Benavides ocuparía alguna de las dos fiscalías supremas permanentes disponibles y que ambas investigan casos relacionados a Los Cuellos Blancos del Puerto.
La fiscal de la nación cuestionó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, "de manera inusitada e inexplicable", haya incluído en su agenda del pasado 25 de julio la denuncia contra Benavides, a pocos días de la audiencia judicial donde se vería ese caso.
El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, expresó su confianza en que la sala constitucional revoque la sentencia judicial apelada y declare su improcedencia.
César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), enfatizó que son mayores los beneficios de seguir en la Corte IDH, porque se trata de la protección de los derechos fundamentales.
El abogado Jorge del Castillo confirmó la información a RPP y dijo esperar que el Ministerio Público acate el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema.
El hermano de la presidenta Dina Boluarte es investigado por ser parte de una presunta organización criminal que habría captado a personas para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional.
La Fiscalía de la Nación demanda que el magistrado Checkley deje de tener a su cargo el control de ambas investigaciones en atención a la existencia de una denuncia constitucional que presentó en su contra ante el Congreso por el presunto delito de cohecho pasivo específico a raíz de un supuesto intercambio de favores con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, "lo que podría dar lugar a dudas respecto a su imparcialidad".
El abogado Juan Peña también exhortó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acatar la resolución judicial que deja sin efecto la suspensión contra Patricia Benavides.
El juez Jorge Chávez programó la fecha de la audiencia después de que la Corte Superior Nacional ordenara volver a revisar el pedido fiscal para imponer seis meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra.
El experto en Derecho Penal, Julio Rodríguez, indicó que lo que hace la sentencia del Tribunal Constitucional es restringir la figura de extinción de dominio para situaciones donde opere la criminalidad, no la ilegalidad.
El tribunal supremo analizará el recurso presentado por Patricia Benavides contra la resolución que la suspende, a raíz de una investigación en su contra por presuntamente obstaculizar el trabajo del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.
Así lo resolvió el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, al declarar fundado un amparo presentado por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, en representación del partido político.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, destacó que la mandataria haya hablado de la reforma del sistema de justicia, pero pidió que no se haga "a manera de intervención" pues, según dijo, se pretende "cesar" a los fiscales titulares.
La audiencia de carácter inaplazable se realizará desde las 9 de la mañana, cuando el juez Wilson Verástegui revise de oficio el mandato de comparecencia con restricciones que pesa sobre Vladimir Cerrón desde el 25 de julio de 2022.
La SAC rechazó el informe que recomendaba admitir a trámite la denuncia contra Patricia Benavides, en su calidad de ex fiscal de la Nación, por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
Las propiedades figuran a nombre de Daniela y Gabriela Simoes Barata, hijas del exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el recurso interpuesto por la Fiscalía, por lo que anuló la resolución emitida el 27 de junio en el proceso que se le sigue al exmandatario por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua.
Según la Fiscalía, el expresidente Pedro Castillo lideró una red criminal conformada por 15 congresistas de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, y nueve parlamentarios de la bancada de Perú Libre y del extinto Bloque Magisterial.
A través de su defensa legal, Patricia Benavides presentó un recurso de apelación para revocar la resolución que emitió el juez constitucional Juan Carlos Núñez el último 18 de julio, en la que declaró "improcedente" la demanda de habeas corpus.
No obstante, el defensor del Pueblo admitió que, al momento de la evaluación, ningún miembro de la comisión conocía en detalle la denuncia presentada por la exesposa de Gino Ríos, ni los testimonios en los que afirmaba haber sido víctima de violencia familiar.
La Fiscalía atribuye al exviceministro Jorge Cuba haber recibido 8 millones de dólares a cambio de otorgar a Odebrecht la licitación para los tramos 1 y 2 del Metro de Lima.
El fiscal del Equipo Especial del Caso Lava Jato indicó que desde el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplieron con asegurar por varios años la presencia de Jorge Cuba en Perú. Sin embargo, dijo que una norma aprobada en el 2024 permitió su salida del país antes del fallo en su contra.
La Corte Suprema evaluará el viernes 1 de agosto si ordena o no al Ministerio Público que devuelva al exconductor de Televisión Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', el celular que le fue incautado cuando fue detenido por la Policía, el 19 de setiembre del 2024 en una clínica ubicada en el distrito limeño de San Borja.
El órgano constitucional autónomo inició esta investigación, a raíz de una denuncia por presunta violación a la intimidad que presentó el exministro del Interior contra la titular del Ministerio Público.
Pese a que fue sentenciado a 21 años y 8 meses de prisión, el abogado defensor del exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba señaló que la salida del país de su patrocinado "no agrava su situación" jurídica.
El exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba fue hallado culpable de la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Metro de Lima.
El exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba enfrenta un pedido de 35 años de prisión por el presunto favorecimiento a la empresa brasilera Odebrecht a fin de adjudicarse la construcción de los dos primeros tramos del Metro de Lima.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley analizará el pedido de Fiscalía para que se ejecute esta medida respecto al legislador y otras 27 personas entre los que se encuentran trabajadores de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
El exviceministro de Comunicaciones es procesado por un presunto favorecimiento a la empresa brasilera Odebrecht a fin de adjudicarse la construcción de los dos primeros tramos del Metro de Lima.
El ministro de Economía y Finanzas interpuso la denuncia luego de que el último fin de semana el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, presentara un audio entre Ranjiro Nakano Osores, director Ejecutivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones, y Saúl Yabar, gerente de la empresa IAGESA SAC - White Water, para hacerse con esa operación.
Edwin Oviedo, expresidente de la FPF conversó en RPP sobre la presentación de su libro 'El Caso Oviedo, la verdadera historia', que se realizará el 1 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima -con Ricardo Gareca como invitado-, en donde hablará sobre los más de 500 días que estuvo en prisión por el caso 'Los Wachiturros de Tumán'.
María Cabrera, vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, indicó que esta medida se dio en atención al oficio remitido por los parlamentarios Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), donde solicitaban la vacancia del actual presidente de la JNJ.
Maritza Sánchez respondió a las declaraciones del abogado de la presidenta, quien aseguró que no existen evidencias de aquel encuentro.
Mediante una resolución emitida el último 15 de julio a la que tuvo acceso RPP, el colegiado dispuso que el caso individual de Mateo Castañeda sea derivado a otra fiscalía, distinta al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).
La audiencia iba a ser el 8 de agosto; sin embargo, el juez constitucional de Lima, Juan Torres, la reprogramó para el viernes 26 de setiembre, luego de que se notificara a un domicilio ubicado en Surquillo, que no corresponde al que registra de manera oficial la JNJ en San Isidro.
Josué Gutiérrez manifestó que Gino Ríos cumplió con todos los requisitos para su postulación ya que no tenía procesos vigentes y la denuncia por violencia familiar estaba archivada.
Esto debido a que la Segunda Sala Constitucional de Lima decidió "conceder" el recurso de agravio constitucional que presentó el exmandatario para revocar la resolución que declaró "improcedente" una demanda de habeas corpus que interpuso contra la Superintendencia Nacional de Migraciones.
En diálogo con Ampliación de Noticias, el abogado de Castañeda aclaró que, pese al cambio de fiscal, la investigación en contra de su representado se mantiene. “Esta decisión no contribuye a ningún tipo de impunidad”, señaló.
